La Administración Distrital de Medellín ha intensificado los controles para frenar el uso indebido de viviendas como alojamientos turísticos temporales, un fenómeno que va en aumento, especialmente a través de plataformas digitales. En lo que va de 2025, ya se ha ordenado la suspensión temporal de ocho establecimientos que operaban por fuera de la normativa, dos de ellos ubicados en Santa Elena, corregimiento que también ha registrado un incremento en este tipo de oferta irregular.
Según el Observatorio Inmobiliario de Medellín, las inspecciones durante el primer semestre se han enfocado en zonas con alta concentración de renta corta como El Poblado, Laureles, Belén, La Candelaria y Santa Elena, que juntas representan cerca del 80% de la oferta en la ciudad. Las visitas técnicas han derivado en procesos sancionatorios por uso indebido del suelo.
¿Cuál es el problema con los alojamientos en viviendas?
El problema radica en que muchos de estos sectores fueron diseñados para uso residencial permanente. El ingreso desmedido de turistas rompe la dinámica vecinal, incrementa el tránsito de personas por periodos cortos y genera conflictos de convivencia. “Estamos enfrentando una creciente utilización de inmuebles para vivienda turística, tanto en la zona urbana como rural, incluso en áreas donde no está permitido este tipo de servicio”, advirtió Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.
A la fecha, se han elaborado 117 informes técnicos que sustentan las acciones de control y permiten hacer requerimientos a propietarios que incumplen las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, se ha solicitado la anulación de más de 2.000 Registros Nacionales de Turismo por operar en zonas no autorizadas.
Controles, pedagogía y normas sobre los usos de los inmuebles
En paralelo, las secretarías de Gestión y Control Territorial, Seguridad y Convivencia, y Turismo y Entretenimiento realizan campañas pedagógicas y operativos con los administradores de apartamentos turísticos. También se avanza en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular nuevas formas residenciales y garantizar un desarrollo urbano ordenado, de la mano de universidades y otras entidades del Distrito.
Santa Elena, por ser una zona de vocación rural y residencial, enfrenta un reto particular: la llegada de alojamientos ilegales pone en riesgo su equilibrio ambiental, social y cultural. Por eso, las autoridades recalcan que la ocupación del suelo debe respetar su uso planeado y que el turismo solo será sostenible si se da bajo reglas claras y justas para todos.
