La reciente mesa técnica sobre la vía a Santa Elena, realizada el pasado 12 de marzo, reflejó una realidad compleja: una comunidad que exige soluciones definitivas frente a una administración que, aunque escucha, reconoce limitaciones presupuestales críticas para ejecutar las obras de gran envergadura que el corredor requiere. El encuentro estuvo marcado por la presión de los líderes sociales ante el deterioro vial y la identificación de riesgos antrópicos que amenazan la estabilidad de la montaña. A esta mesa asisten algunos líderes del corregimiento y funcionarios de la Gobernación (Secretaría de Infraestructura) y de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.
Presión comunitaria por la calidad de las obras
Uno de los puntos de mayor tensión fue la crítica a las intervenciones recientes en sectores como «Paso Malo» (kilómetro 10+700) y la curva del «Eucalipto» (arriba de Uniremington). Los voceros de la comunidad calificaron como insuficientes los trabajos de nivelación, argumentando que el material utilizado es inadecuado para la alta pluviosidad de Santa Elena, lo que provoca que los huecos reaparezcan rápidamente, como ya es evidente. Además, expresaron su malestar por fallas en la comunicación, señalando que la entrega tardía de actas de estas reuniones dificulta el seguimiento a los compromisos.
Por su parte, los representantes de la Gobernación de Antioquia explicaron que, debido a la falta de recursos asignados en el Plan de Desarrollo Departamental para obras estructurales, las acciones actuales son de mitigación temporal. Según los técnicos, una solución definitiva en puntos críticos requeriría muros de contención y pilas con un costo estimado de 10 mil millones de pesos, inversión que hoy no cuenta con una fuente de financiación clara.
El desafío del kilómetro 11 y el impacto humano
La reunión permitió evidenciar, mediante registros técnicos, que la inestabilidad en los kilómetros 11+400 y 11+800 (con derrumbes ocurridos en febrero por los que la vía estuvo cerrada) está siendo agravada por actividades humanas en la parte alta de la montaña. Se detectó que cultivos y deforestación en predios privados han alterado el flujo de aguas de escorrentía, canalizándolas peligrosamente hacia la vía.
Este hallazgo pone de relieve un conflicto de jurisdicciones: mientras la vía es responsabilidad departamental, el control del uso del suelo en esos predios compete a la Alcaldía de Medellín. La comunidad insistió en que el Distrito debe asumir un rol más activo en la vigilancia y sanción de estas prácticas para evitar un colapso mayor de la infraestructura.
Búsqueda de inversiones efectivas
Ante la urgencia de recursos, se aclaró que el contrato de concesión del Túnel de Oriente no genera excedentes directos para estas obras, ya que funciona bajo un modelo de ingreso esperado. Por ello, se concluyó que la única vía para financiar intervenciones robustas es un convenio interadministrativo de alto nivel entre la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín, que permita unir presupuestos. En la reunión se indicó que la recuperación total de la vía Santa Elena concesionada a la Gobernación de Antioquia cuesta alrededor de 116.344 millones de pesos, a precios de 2025.
Como acciones inmediatas, se acordó:
- Realizar una sesión especializada para analizar detalladamente el caso del sector del Km 11 con la participación de Planeación de Medellín, el DAGRD y Corantioquia.
- Mantener un monitoreo preventivo 24/7 con vigías (abanderados) y cámaras para reaccionar ante posibles emergencias y proteger la vida de los usuarios.
- Coordinar visitas técnicas conjuntas para evaluar la recategorización de amenazas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual está en este momento en la revisión de mediano plazo.
