La edila de la Junta Administradora Local de Santa Elena, Ana María Moreno Martínez, decidió continuar en su cargo, tras haber radicado inicialmente una renuncia irrevocable el pasado 15 de mayo.
Aunque en su primera comunicación Moreno Martínez describió un entorno de «agresión constante» y «desgaste humano», un informe y constancia pública de esta semana revela que el 21 de mayo presentó un documento de desistimiento, reafirmando su compromiso con el territorio a pesar de las hostilidades.
Una lucha contra la violencia política sistemática
La decisión de Moreno Martínez de no abandonar su curul se produce en un contexto de graves denuncias por hostigamiento, estigmatización y posible violencia política contra las mujeres. Según la lideresa social, su ejercicio en la Junta Administradora Local (JAL) ha sido blanco de actuaciones orientadas a afectar su honra y dignidad mediante narrativas distorsionadas.
En su informe de constancia, la edila detalla que ha sido objeto de burlas, comentarios despectivos y, de manera más grave, de señalamientos falsos sobre supuestos consumos de sustancias psicoactivas y alcohol. Moreno Martínez calificó estos hechos como posibles conductas de injuria y calumnia, señalando que una integrante de la misma corporación ha promovido estas versiones en redes sociales y espacios comunitarios para ridiculizarla y deslegitimar su liderazgo.
El desistimiento: Un acto de resistencia
Moreno Martínez aclaró que su intención inicial de dar un paso al costado no se debió a una falta de convicción o amor por Santa Elena, sino al agotamiento provocado por un escenario de «persecución personal». Sin embargo, al retirar su dimisión, la edila envió un mensaje claro: «Ninguna mujer debería verse obligada a defender constantemente su dignidad frente a rumores o ataques dirigidos a destruir su imagen pública».
La edila ampara su situación en la la Ley 2453 de 2025, la cual establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política en Colombia. Para Moreno Martínez, el uso de denuncias y narrativas públicas como mecanismos de desgaste busca menoscabar sus derechos políticos y debe ser analizado por las autoridades competentes.
Antecedentes de hostilidad en la JAL de Santa Elena
El caso de Moreno Martínez no es un hecho aislado en la corporación. La JAL de Santa Elena ha padecido históricamente divisiones internas y la salida de otros representantes. Entre los antecedentes se encuentran la renuncia de Luis Felipe Arango Roldán en 2025 y los casos de Claudia Patricia Tapias y Beatriz Zapata en periodos anteriores, esta última tras una «intensa persecución política».
Pese a los altos niveles de estrés y ansiedad que estas situaciones le han generado, la edila Ana María Moreno Martínez ha manifestado que seguirá trabajando por las iniciativas comunitarias. Su objetivo es que este informe sirva como una necesidad ética y democrática para advertir sobre las prácticas que deterioran la convivencia política y afectan las garantías para el liderazgo femenino en el corregimiento.
Con este desistimiento, Ana María Moreno Martínez permanecerá en la JAL, exigiendo que el debate político se centre en las necesidades reales del corregimiento y no en ataques personales que busquen el «desgaste reputacional» de los opositores.
